A menudo escuchamos decir que Nicaragua es un país eminentemente agropecuario, aunque otros más acuciosos y precisos lo caracterizan como país agroforestal. Confirmamos que lo anterior es una realidad cuando vemos que el país produce casi la totalidad de los granos básicos que consume, a excepción del arroz, rubro en el cual seguimos siendo deficitarios; toda la carne y los lácteos; entre otros. Además del total de las exportaciones del país en el año 2016, que fueron de 2,226.4 millones de dólares, sin incluir los productos de zona franca, los productos del agro representaron el 63 por ciento, esto es más de 1,300 millones de dólares, según el Informe Anual 2016 del Banco Central.
No obstante, la evidente importancia que tiene el sector agropecuario en la producción para el consumo interno y la producción exportable del país, con cifras a diciembre del 2016, la participación del crédito del sistema financiero nacional destinado al sector agro solo alcanza una participación del 11.6 por ciento del total del portafolio.
Las razones de esa baja participación del crédito al sector agropecuario en el sistema financiero nacional son muy diversas, pero en gran medida tiene que ver con que las actividades agrícolas están sujetas a riesgos climáticos, a la volatilidad de los precios en el mercado internacional y, en nuestro país, habría que agregarle los riesgos por inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la baja tecnificación del campo, lo que afecta tanto la productividad como la rentabilidad del sector.
Todos estos factores explican porqué los bancos comerciales del país y de la región (salvo casos muy excepcionales) prefieren otorgar financiamiento a la industria, a los servicios y a los consumidores, incluyendo tarjetas de crédito, en lugar de enfrentar las dificultades e incertidumbre de prestar al sector agropecuario. Finalmente, la presencia de esos factores constituye una clara señal de que los diseños institucionales y los procedimientos administrativos tienen que ser diferentes cuando se trata de hacer intermediación financiera rural, tal como sugieren Hoff y Stiglitz, en su libro Teoría Económica Moderna y El Desarrollo.
No obstante lo anterior, el medio rural también ofrece ventajas que facilitan el trabajo de los intermediarios financieros; siendo posiblemente la principal de ellas, la estabilidad y solidez de las relaciones sociales que se tejen en el ámbito de las comunidades rurales. En la práctica, algunos bancos del país utilizan esta ventaja para alcanzar y mantener sus colocaciones al sector de la gran producción empresarial agropecuaria con un bajo nivel de riesgo crediticio; pero a pesar de que se han dado algunos pasos en ese sentido, la proporción del crédito rural suministrado por la banca comercial es aún muy pequeña y el camino por recorrer es todavía largo. En realidad no existe una única fórmula para el éxito de las instituciones financieras rurales, pues las formas más apropiadas de operación están determinadas por las necesidades y características socioeconómicas de la clientela potencial, así como por el contexto físico, económico y de la regulación vigente.
A raíz de la desaparición de la banca de fomento en los años noventa y con ello el estrechamiento o desaparición de las carteras agrícolas estatales, la mayoría de las innovaciones en materia de financiamiento de la pequeña y mediana producción agropecuaria la han llevado a cabo las instituciones de microfinanzas afiliadas a Asomif, tanto aquellas supervisadas por la Conami como las cuatro instituciones financieras no bancarias supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) y además por las cooperativas de ahorro y crédito que operan en todo el territorio nacional.
Actualmente el comportamiento del crédito a la agricultura y la ganadería no se corresponde con la importancia que tienen estas actividades en el Producto Interno Bruto de Nicaragua y en la generación de empleo. Desde hace años, estas han mantenido con pocas excepciones, el primer lugar en la participación dentro del PIB: 23 por ciento en 2016. Sin embargo, solo participa con 11.6 por ciento del total de crédito otorgado en la economía. La falta de financiamiento obstaculiza la inversión y la modernización de la producción agropecuaria, con serios efectos ecológicos y en la expansión de la frontera agrícola.
Ante esta situación del aun reducido financiamiento de los bancos comerciales al sector agropecuario del país -cuya demanda insatisfecha se estima en unos 1,200 millones de dólares- las instituciones de microfinanzas agremiadas en Asomif, incluyendo las cuatro financieras supervisadas por la Siboif, más el sector cooperativo, continuarán siendo por mucho tiempo la alternativa para el financiamiento de cienes de miles de micros, pequeños y medianos productores agropecuarios, que tanto necesitan esos recursos para el crecimiento y desarrollo de este importante sector de la economía nacional.
Gerente General de Financiera FUNDESER
Fuente: El Nuevo Diario
