Mientras el deterioro ambiental se agudiza, obtener dinero por ayudar a conservar los ecosistemas —agrícolas o de bosques— se ha convertido en una fuente adicional de ingresos para los dueños de las tierras. Los ganaderos al sustituir las prácticas tradicionales por otras amigables con el ambiente, pueden ser de los más beneficiados con estos pagos.

Esta retribución monetaria ya se utiliza en muchos países y se conoce como Pago por Servicios Ambientales (PSA) o Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) y es solo una de las formas de Compensación por los Servicios Ecosistémicos.

Y aunque todavía hay mucha discusión en torno a su definición y estructura, han sido diseñados para incentivar la preservación de los ecosistemas y garantizar que estos sigan ofreciendo un servicio ambiental a toda la sociedad, dice Gisella Cruz García, investigadora del programa de servicios ecosistémicos, seguridad alimentaria y bienestar del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

“Los PSA pagan desde servicios muy tangibles como es la conservación del agua y evitar la erosión de los suelos, hasta otras tan intangibles como la belleza escénica, que es fundamental para que Nicaragua continúe desarrollando y explotando el turismo”, detalla Roman Leupolz-Rist, economista principal de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Estos pagos unen a dos grupos: los que al conservar el ecosistema propician que este siga brindando sus servicios y los usuarios que se benefician de ellos. Entonces, el dinero para cubrir estas compensaciones lo proporcionan los que más se benefician, es decir, en la mayoría de los casos las grandes empresas.

Deben ser atractivos

“Pero debido a la relevancia que en los últimos años ha tomado la conservación del ambiente, cada vez son más los recursos que la cooperación internacional destina para este fin”, dice Leupolz-Rist.

Según Cruz y Leupolz-Rist al estructurar estos sistemas de pago se debe tomar en cuenta que existen actividades que para el dueño del suelo pueden ser más rentables que conservar el medioambiente, y también que los dueños del suelo tienen que subsistir.

Por tanto el PSA tiene que lograr que la otra actividad que podría desarrollarse en dicho suelo y los ingresos que se obtendrían por ella sean menos atractivos que el pago que se recibirá.

“Es decir, que para volver atractiva la protección del ambiente el pago que se recibe debe ser más atractivo, por ejemplo que convertir su tierra en un pastizal. O que sea un ingreso adicional como el que la cervecería nacional hace al pagar como cien dólares por hectárea a quienes conservan el suelo en la cuenca sur de Managua”, explica el economista principal de Funides.

Según Cruz, del CIAT, la suma de estos pagos con los beneficios que garantiza la conservación del ecosistema a las actividades que se desarrollan en el campo, debería garantizar un impacto en el bienestar de las comunidades, la seguridad alimentaria y por ende en la reducción de la pobreza.

Hay experiencias exitosas

No obstante, Leupolz-Rist admite que estos pagos pueden competir con actividades como la agricultura de subsistencia que desarrollan pequeños productores. No así con otras extensivas como el cultivo de palma africana, otros productos agroexportables y la ganadería a gran escala.

“Por tanto, este sistema de pago es una herramienta de varias, no puede ser la única. Porque en algunos casos las alternativas de uso, así sean dañinas, pueden ser demasiado interesantes, entonces no se podrá convencer al dueño del suelo para que se acoja a este sistema de pago y habrá que entrar con otros mecanismos”, explica Leupolz-Rist.

Entre estas otras alternativas hay algunas que están teniendo éxito, principalmente entre los ganaderos. A nivel local una de ellas es el establecimiento de sistemas de biodigestores y la sustitución de sistemas de ganadería extensiva por sistemas silvopastoriles.

Por ejemplo, el Programa de Desarrollo del Mercado de Biogás en Nicaragua, por estar inscrito en el mercado de carbono, obtuvo 725,000 dólares para entregarlos como bonos de incentivo. Con estos recursos cada productor que instala un biodigestor recibe 480 dólares como pago adelantado por el servicio ambiental que prestará al dejar de consumir leña para cocinar y por las emisiones de metano que evitará al convertir el estiércol de su ganado en biogás, explica Judit Vanegas Ferrey, asesora de comunicación del Servicio Holandés de Cooperación del Desarrollo (SNV).

Según Vanegas desde el inicio del programa en 2012 se han entregado unos 437,952 dólares (más de doce millones de córdobas) a través de estos bonos.

Plataforma de medición

En cambio, con el establecimiento de cercas vivas, la reforestación de las riberas de los ríos, la combinación de pastizales con árboles forrajeros y todo lo encaminado a recuperar el ecosistema, quien más se beneficia es el productor porque asegura su adaptación al cambio climático y hace más sostenible su actividad. Entonces Leupolz-Rist considera que el pago que deberían recibir es menor.

Para Ronald Blandón, gerente general de la Comisión Nacional Ganadera (Conagan), pese a las oportunidades aún hay mucho trabajo por hacer, ya que debe establecerse una plataforma que facilite la medición del antes y el después de las emisiones, la cobertura forestal, la recuperación de las fuentes de agua y otras actividades que se desarrollan, ya que el pago se realiza en base en resultados.

“Hay un proyecto que está trabajando el Banco Mundial para montar esa plataforma, han destinado casi 55 millones de euros (unos 59.95 millones de dólares) para eso… A nivel local eso lo está coordinando el Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) y nosotros hemos participado en varios talleres regionales para saber cómo se va a acceder a esos recursos”, expone Blandón.

Según el gerente de Conagan, este es un proyecto público-privado que se podría concretar en los próximos cinco años. Mientras tanto, se continuarán desarrollando otras iniciativas que aunque su objetivo principal sea otro, incluyen componentes ambientales para ir reduciendo el daño que provoca la actividad ganadera a los ecosistemas.

“Seguimos buscando financiamiento de la cooperación internacional para financiar algunas de esas iniciativas, el problema es que muchos productores nos dicen que quién pagará todo lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces por eso es buena la plataforma porque permitirá cuantificar lo que se mantenga”, explica Blandón.

Por su parte Cruz advierte que se debe asegurar la sostenibilidad de estas iniciativas y evitar que estas acciones se “moneticen”, ya que en algún momento la cooperación internacional se terminará y por el bien del planeta estos servicios ambientales deben perdurar.

Incluir reducción de la pobreza

En el futuro los esquemas de Pago por Servicios Ambientales deben priorizar la inclusión de un adecuado monitoreo y evaluación de sus efectos en los medios de vida de los distintos segmentos de la población.

Esto permitirá corroborar si efectivamente contribuyen a la conservación del recurso, pero también al alivio de la pobreza, que debe ser uno de sus objetivos, dice un estudio realizado por las investigadoras Genowefa Blundo-Canto, Marcela Quintero y Gisella Cruz García, del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Dicho estudio revisó 854 esquemas de pagos en el mundo y determinó que solo 33 de ellos analizaron su impacto en los medios de vida de la población. La mayoría de las evaluaciones se realizaron en Costa Rica, México y China.

El Estado también paga

En los últimos 15 años en Nicaragua se han desarrollado diversas iniciativas de Pago por Servicios Ambientales (PSE), la mayoría de ellos a pequeña escala y a nivel local. Estos han sido financiados por la cooperación internacional, la empresa privada y el Estado, detalla el estudio Compensación por Servicios Ecosistémicos en Nicaragua, realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Entre los financiados por el Gobierno, está uno que desarrolla actualmente la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), que paga a los vecinos del lago de Apanás, en Jinotega, para que desarrollen acciones para reducir los sedimentos que caen en dicho cuerpo de agua.

Fuente: La Prensa